UGT rechaza cualquier despido de Siemens Gamesa en nuestro país

Después de transmitir la empresa hoy 408 despidos, 341 de ellos en el presente ejercicio, recuerda que en Gamesa han sufrido diferentes reestructuraciones desde 2012
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La Federación de Industria (FICA) de UGT rechaza cualquier despido en Siemens Gamesa en nuestro país, después de que durante la mañana de hoy la empresa haya trasmitido 408 despidos en los próximos tres años, 341 de ellos en el presente ejercicio fiscal.

Desde UGT FICA se posicionan en contra de cualquier despido en nuestro país, ya que los trabajadores procedentes de Gamesa hemos sufrido diferentes reestructuraciones tanto en las áreas corporativas como operativas desde el ejercicio 2012 y que, pese a ello, vuelven a estar en el punto de mira de los planes de ajuste de la nueva Dirección, cuando ésta aseguró que la fusión no afectaría al empleo y se comprometió a mantener su estabilidad y, en caso de que se llevara a cabo algún ajuste puntual, a que éste se llevaría a efecto a través de medidas negociadas con los sindicatos y de carácter no traumático.

En la reunión mantenida hoy, UGT ha solicitado que en caso de que tenga que existir algún ajuste de personal este sea de forma no traumática mediante bajas voluntarias, espaciadas en el tiempo, y prejubilaciones a 3 años a partir de los 55 años de edad.

Adicionalmente, se ha solicitado a la empresa información respecto a los criterios de afectación utilizados con el fin de revisar los colectivos más vulnerables y el procedimiento por el cual Siemens Gamesa tiene la obligación de enviar el detalle de afectados por país al comité Europeo del grupo Siemens.

La Federación de Industria de UGT entiende que ya que somos una compañía Española que cotiza en el Ibex 35 y cuya representación legal no está vinculada a dicho comité Europeo. Por ello, la Federación ha puesto en manos de su departamento jurídico el procedimiento seguido por la dirección, dado que consideramos que la primera en disponer de la información sobre la afectación en nuestro país de las medidas de reestructuración debería haber sido la representación española y que, al no haberse producido así se habría vulnerado presuntamente el derecho a la información que establece la ley española.