La crisis también ha llegado a Euskadi, pese al optimismo del Gobierno Vasco, que sólo busca consuelo en su comparación permanente con los datos socio-económicos de España. Comenzó con las hipotecas suicidas en el mercado americano, el pinchazo de la burbuja inmobiliaria, la subida galopante del euribor y ha seguido con la caída en el consumo. Todo ello se ha convertido en un cóctel que ha supuesto la destrucción del empleo temporal y la vuelta a los expediente de regulación de empleo la solución más rápida y que afecta a los más vulnerables.
Hemos perdido un tiempo maravilloso más de 10 años creciendo por encima de Europa, mientras los empresarios y el Gobierno Vasco no han preparado a nuestro mercado de trabajo para los cambios que puedan venir para favorecer el cambio de modelo productivo, sino que unos se han enriquecido con sus beneficios y otro solo se han dedicado a aumentar el superávit, pese a los grandes déficit sociales que soportamos, como son el deterioro de nuestra educación y nuestra sanidad.
La crisis no la pueden pagar los de siempre, los trabajadores y las trabajadoras. Entre otras cosas, porque esta crisis no tiene un origen laboral, sino financiero. Por ello, no vamos a apostar por recetas del pasado, como proponen algunos con la vuelta al abaratamiento del despido y la flexibilización, en un país que todavía tiene más de 230.000 contratados temporales. Suena a escándalo que los que no han creído nunca en el Estado y en lo público sean ahora los máximos defensores de su intervención.
No vamos a permitir que utilicen la crisis, mientras los trabajadores y las trabajadoras no nos hemos beneficiado del auge económico, que sólo ha engordado los resultados empresariales y las acciones de los especuladores en bolsa, para hacer más indecente nuestro mercado de trabajo.
Nuestra respuesta a la crisis no puede ser otra que la negociación colectiva y el diálogo social. La negociación colectiva, para conseguir un salario decente que supere los mil euros, un sistema de contratación decente donde se recupere el principio de causalidad y se reduzca la utilización de la contratación temporal y la subcontratación y un empleo decente donde la seguridad y salud laboral sea una prioridad de los empresarios y los gobiernos.
El diálogo social, aunque en Euskadi sea inexistente, los acuerdos alcanzados en el Estado también afectan a las trabajadoras y los trabajadores vasco. Este diálogo tiene que tener como prioridad prevenir la destrucción de empleo, garantizar las políticas sociales -como son las prestaciones por desempleo-, recolocar a los desempleados y sentar las bases para el cambio en el modelo productivo, donde las inversiones se realicen en capital humano, mejorando nuestra sistema educativo y en especial una formación para el empleo durante toda la vida laboral para adecuarse a las necesidades de la empresa.